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Categoria: Leyes

Ley de segunda oportunidad, explicada por un juez

Ley de segunda oportunidad, explicada por un juez

Información sobre la ley de segunda oportunidad

¿Qué supone la nueva normativa para las personas y las empresas que han acumulado deudas durante la crisis?
La llamada Ley de la segunda oportunidad es el mayor avance que se ha hecho hasta el momento. Aunque tiene carencias, intenta superar la responsabilidad patrimonial universal en aquellas situaciones de insolvencia crónica en las que no existe una posibilidad real de satisfacer a los acreedores y en las que, además, se pueda producir una situación de muerte civil antieconómica e ineficiente .

¿Supone una alternativa a la muerte mercantil y en la entrada a la economía sumergida para muchas personas?
Totalmente. Creo que éste es el principal propósito de este texto legal. Partiendo de un principio universal de orden público y de seguridad en las relaciones de carácter obligacional, en el que se establece que las deudas deben ser satisfechos, la ley da solución en términos de eficiencia económica en las situaciones en las que se ha intentado liquidar el patrimonio deudor hasta las últimas consecuencias pero que, a pesar del esfuerzo, no se ha satisfecho el crédito. Ese culo de saco es un cuello de botella que se debe superar mediante el recurso a la exoneración del pasivo que no ha podido ser atendido por un deudor de buena fe.

¿El trámite jurídico implica unos costes económicos altos y un trámite de larga duración o es un procedimiento ágil y rápido?
Creo que el procedimiento es tan ágil como lo puede permitir nuestro sistema legal, lo que no quiere decir que sea susceptible de una clara mejora. La elección por el legislador de un sistema de exoneración de deudas que encause sobre la base de un previo intento de acuerdo extrajudicial de pago y, posteriormente, de un concurso consecutivo, no ayuda a la rapidez del procedimiento. Por otra parte, en determinados casos, la exoneración es provisional y reversible y eso tampoco ayuda. En todo caso, la ley supone un claro avance respecto de la situación anterior. En cuanto a los costes, se han limitado los honorarios de los profesionales, al margen de las malas prácticas que se pueda dar en algunos casos. Por eso creo que el incentivo para iniciar el expediente no se ve comprometido por el coste económico que este podría suponer.

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¿Quiénes son los beneficiarios de esta normativa?

Hay dos grandes tipos de beneficiarios: las personas naturales empresariales y las que no lo son. Esto condiciona la competencia judicial, es decir, si el proceso lo lleva el juzgado mercantil o un juzgado de primera instancia. El sistema, que tiene su punto de partida en el intento del acuerdo extrajudicial de pago que comentaba antes, se dirige a la posibilidad de obtener una exoneración provisional o no de aquellos pasivos que no hayan sido satisfechos después de un proceso de liquidación concursal. Teniendo en cuenta que el crédito siempre debe quedar satisfecho, el deudor que verdaderamente pueda obtener esta ventaja es aquel que tiene un volumen importante de crédito ordinario.

¿La normativa también contempla que se puedan perdonar las deudas acumuladas por avales personales?
La ley mantiene la exigibilidad de la deuda frente a los obligados solidarios por fianza o aval de las deudas del concursado, pero el avalista puede, respecto de los créditos comprometidos mediante el aval, intentar la exoneración. En este punto, la ley no lo limita. Esto es un gran avance si se compara con la primitiva redacción de la Ley Concursal, en la que ni siquiera se preveían instituciones preconcursales de reestructuración de la deuda.

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¿A quien aconsejaría optar por esta vía jurídica?
A aquellos que tengan un volumen de créditos ordinarios, es decir, aquellos que no se hayan contraído con las administraciones públicas ni estén garantizados con bienes inmuebles (hipoteca en la inmensa mayoría de los casos). Estos créditos tienen que pagar. Los ordinarios, sin embargo, pueden ser exonerados, incluso en su totalidad. Resumiendo, los créditos que no sean privilegiados pueden ser exonerados. Esto debería ser un claro estímulo para iniciar esta vía por los particulares.

¿Como finaliza, a efectos prácticos, el trámite que ha descrito?

Con una resolución judicial en la que se concede el beneficio de la exoneración del pasivo que no ha podido satisfacer a determinados acreedores, una vez agotada la vía de la liquidación concursal. Existe la posibilidad de que se produzca una exoneración no definitiva, sino provisional, que se convertirá en definitiva al cabo de cinco años, si el deudor destina el 50% de sus ingresos a pagar las deudas pendientes. Al final, si se concede el beneficio definitivo, el deudor puede verse exonerado de pagar, en el mejor de los casos, la totalidad del pasivo ordinario y aquellos créditos privilegiados, por ejemplo, un hipoteca que no se haya cubierto con el valor de garantía.